Técnicos del Gobierno, del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat) y de la agroindustria comenzaron a analizar posibles cambios en el proyecto que desregula el mercado de biocombustibles del país. Sin embargo, nada se informó aún sobre la derogación de la ley azucarera, la mayor preocupación en Tucumán.

Tras el encuentro del lunes pasado en la Casa Rosada, se introdujo una serie de modificaciones al texto sobre los biocombustibles que habían preparado los asesores de Javier Milei para ser elevado al Congreso. Los representantes de las provincias productoras, entre ellos, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y de Obras Públicas, Santiago Yanotti, habían planteado las quejas a las medidas ante el ministro del Interior nacional, Guillermo Francos.

Según pudo averiguar LA GACETA,  la nueva propuesta de la Nación no ha disipado sin embargo los interrogantes sobre el impacto de la desregulación.

“Enviaron  propuestas solamente sobre la Ley (27.640) de Biocombustibles. Algunos cambios son de fondo y otros no”, dijo este viernes el secretario de Producción, Eduardo Castro. “Los equipos técnicos de la Provincia y del Ipaat están evaluando las disposiciones. Además, este fin de semana trabajarán con Córdoba, Santa Fe y San Luis  sobre todos los puntos y el impacto en la cadena”, informó.

Las modificaciones

El Gobierno nacional ha enviado esta semana un escrito del proyecto para el régimen de biocombustibles, tanto a la Provincia como los actores de la agroindustria tucumana.

Entre las reformulaciones, en el artículo 310 se sustituye el contenido del art. 5 de la norma anterior. Establece que, “cuando la mezcla obligatoria de biocombustible supere 18%, las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos estarán autorizadas a participar en el abastecimiento del volumen excedente, conforme a lo establecido por la presente ley”. Ello significa que las petroleras recién podrán importar o fabricar biocombustibles a partir de ese nivel de corte.  “Para el caso del bioetanol la participación en el mercado de abastecimiento de la mezcla obligatoria no podrá ser superior al 15%”, indica.

En el apartado 311 se modifica el artículo 8 de la Ley 27.640 y se proyecta un incremento del porcentaje mínimo para la mezcla obligatoria", hoy en un 12%. En el caso del bioetanol, a partir del tercer año de vigencia del nuevo régimen, “la autoridad de aplicación dispondrá un rango de mezclas obligatorias de bioetanol con naftas del 18% (E18) al 27% (E27), fijando el nivel de mezcla obligatoria en forma periódica en función de la oferta disponible, conforme se establece en la presente ley”.

Seguidamente, proyecta que la autoridad de aplicación autorizará de manera simultánea un mercado libre para mezclas de bioetanol con naftas en porcentajes superiores al 27%.

La administración Milei mantuvo en el nuevo bosquejo el “pase de un mercado regulado (actual ley) a uno en competencia”.  En esa línea, dispuso para el abastecimiento un proceso de determinación de volúmenes y precio mediante licitaciones "transparentes de acceso público" -artículo 313 del proyecto para reformar el art. 13-. Para el caso de bioetanol, la adjudicación de volúmenes a cada empresa no excederá el porcentaje máximo de su capacidad instalada.

Con el anterior régimen de biocombustibles, la Secretaría de Energía disponía los cupos y los valores para los ingenios-destilerías de bioetanol de caña y de maíz.

Los analistas ya expresaron dudas con relación a quién y cómo será” este sistema de licitaciones “único y transparente, y de acceso público”. ¿Quién será el organismo de aplicación de la norma? ¿La secretaría de Energía nacional o las petroleras? Aquí se centraron los interrogantes.

Otra propuesta

“Hay un texto dando vueltas. Se está trabajando con rondas de consultas. Todavía no hay un escrito definitivo del proyecto de ley”, dijo el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), Juan Carlos Mirande, respecto del análisis de la iniciativa.

Según se conoció, los industriales evaluarían un texto alternativo con más incorporaciones. Por ejemplo, estipula un esquema de asignación para el abastecimiento: un 6% correspondería al bioetanol a base de caña de azúcar y un 6% al bioetanol a base de maíz.

“En ambos casos, las asignaciones serán realizadas a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de los cupos de bioetanol anuales vigentes a la fecha de sanción de la presente ley”, añade.

Sobre la disposición de precios, considera otro mecanismo de cálculo. El valor del litro de bioetanol a base de caña será el 77% del precio del litro de nafta súper YPF en surtidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); mientras que para el bioetanol de maíz, se determinará mediante licitaciones, entre otras observaciones.

Ley azucarera

Poco y nada se sabe sobre una respuesta de la Nación al reclamo de Tucumán, Salta y Jujuy en contra de la derogación de la Ley 25.715, que desregula el mercado azucarero, según fija la conocida ley ómnibus. En la Casa de Gobierno y en el sector privado alertaron que la vigencia de esta medida permite la importación de azúcar de otros países, como Brasil, e implicaría un perjuicio a las empresas y productores de caña de azúcar.

“La postura de la industria es sólida y clara. En Tucumán y en la actividad sucroalcoholera en general hay una posición común y no negociable: la eliminación del artículo 59 (de la ley ómnibus). Como la industria considera un aspecto innegociable, este punto no ha formado parte del borrador que circula ahora”, expresó Mirande.

Días atrás, el Centro Azucarero Argentino (CAA) había advertido que la derogación de la Ley 25.715 “es un grave error”. “Esta ley no significa una protección del azúcar, sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia", había explicado en un comunicado.

"El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de algunos países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715", agregó.

Además, el CAA advirtió que "igualmente grave es la modificación que se impulsa de la Ley de Biocombustibles 27.640 (artículos 307 a 315), que rompe un régimen que tiene previsto, por ley, vigencia hasta el año 2030". "Se afrenta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera", argumentó.